Está en la discusión hoy en el país el tema del rol del Estado en la educación, y a partir de los movimientos estudiantiles, los diversos actores del mundo político, académico, social, cultural y en general, todo hijo de vecino a quien el tema le inquiete, está intentando posicionar una postura, que en algunos casos oculta otras intenciones de cambio social más o menos radical, como hijo de vecino, esta es mi reflexión.
La preocupación por la educación es una preocupación genuina, Chile tiene una educación de calidad discutible y en exceso cara. La proliferación de oferta educacional en el país en los últimos 20 o 25 años es extraordinaria, de los cupos universitarios a mediados de los 85 de unos 100.000, cupos para carreras de pregrado, ha evolucionado a unos 690.000 cupos para carreras de pregrado el 2010, carreras tradicionales y nuevas que se dictan en unos 61 centros de educación superior entre privados y públicas, esto implica que muchos universitarios actuales son primera generación que pisan las aulas en un nivel superior, evidentemente hay una mayor población universitaria, hay más universitarios y profesionales.
En materia de recursos, el Estado Chileno destina unos 330.000 millones de pesos chilenos en la educación superior, lo que implica un porcentual importante del total del 3.1 del PIB de ese item, pero una baja destinación presupuestaria comparativa a lo que debería ser su compromiso con miras al desarrollo , cercano al 7 %, y una muy alta carga de financiamiento para padres y apoderados, lo que ha venido a gestar un descontento social fuerte, y que es el resultado de un conflicto potencial que algunos actores se han encargado de canalizar y potenciar, incorporando de paso otras demandas como la calidad de los servicios y sobre todo, reprochando el lucro implícito a partir de los aportes del Estado.
¿Cuáles son los problemas reales de esta aparente contradicción, por un lado mayor población universitaria y por otra, menor inversión del Estado?, los problemas reales son muchos, y a mi juicio requieren cambios fuertes, sugieren cambios de dirección importante, y repensar en gran parte una problemática compleja que en este breve articulo, apenas rozaré en su complejidad.
Uno de los temas fundamentales a mi juicio es el financiamiento, hoy un egresado de educación superior en Chile, de al menos, los dos primeros quintiles ( hasta los $ 100.814), carga una mochila de deuda de unos $ 15.000.000 que comienzan a incrementarse rápidamente por los intereses que aplica la banca que administra los créditos. Esto implica no sólo una preocupación mensual para los jóvenes profesionales sino que el temor permanente de no entrar en mora, porque son ingresados al sistema nacional e internacional de morosos conocido como Dicom o Equifax en su fachada internacional, es decir la muerte financiera, el castigo que aplica indirectamente, y directamente en otros casos el Estado Chileno, por no cumplir compromisos en los cuales los jóvenes tuvieron muy poco que decir.
El sistema es injusto en la medida que se trata de diseños puramente económicos, la injusticia en este sistema que cambió el año 1982, puede graficarse por el siguiente cuadro : un estudiante que entró a finales de los años 70 y comienzo de los 80, y que en ese entonces pagaba un arancel diferenciado según las capacidades del grupo familiar, tuvo que tomar obligado un crédito estatal por todo el costo de la carrera por cambios estructurales del sistema de financiamiento universitario, es decir pasó de pagar en algunos casos un 15 % del total del costo, al 100 % del total, sin consentir el Estado ningún articulado transitorio que permita a ese estudiante terminar su carrera según las condiciones vigentes en su ingreso. Pero eso no es todo, durante los años 80 también se diseñaron y se ejecutaron otras reformas estructurales, así un estudiante que ingresó a una prestigiosa universidad nacional, egresó de una universidad regional con nuevo nombre sin mayores explicaciones. El golpe de gracia llegó con el ministro Bitar el año 2004 en que los deudores morosos fueron informados al sistema Dicom, y sus retenciones de impuestos fueron capturados, o mejor dicho apropiados por el Estado, no parando por ese hecho los intereses de la deuda, ni el retiro de los afectados de los archivos del tristemente famoso Dicom.
Otro aspecto importante del actual sistema, es la acreditación, que se suponía iba a marcar una diferencia fundamental entre una y otra institución, sin embargo salvo dos o tres instituciones, todas están acreditadas, ¿ qué pasó?, al parecer los estándares no eran tan altos, pero además, el Estado cedió terreno a empresas acreditadores particulares, nuevamente, un sistema que podría pensarse bueno, entra en entredicho.
Para nadie medianamente reflexivo, es un misterio que hoy, detrás de las demandas y respuestas entre estudiantes y acompañantes y el Estado ( no solo el que representa o constituye el actual gobierno porque hay que recordar la revolución pingüina) , se practica el diálogo de sordos, sino que además se descubre una componente ideológicamente importante, filosóficamente distingo en su esencia dos ideas fundamentales en choque, la una, que busca la libertad y el mínimo control del sistema por la idea vinculante de la autorregulación, y la otra que busca un mayor compromiso del Estado, en lo que se ha llamado la “estatización” de la educación, y en la cual subyace en el fondo, en su esencia, la búsqueda de la igualdad, es decir aquel constructo intelectual de ciertas ideologías en que es ´posible igualar los componentes de una sociedad, al menos en este caso en las oportunidades. La libertad desde mi enfoque es un instinto, un sentido o dirección tan fuerte que viene de nuestra condición animal, natural y que no podrá ser nunca sometida, esto se ha demostrado con evidencia muy fuerte en la historia reciente, porque es producto del deseo intimo humano de hacer lo que se le plazca, pero por otro lado, encontramos aquella utopía noble pero teórica, intelectual, humanista de ofrecer y alcanzar la igualdad para todos, por lo tanto el trasfondo de las ideas en choque no pude ser descontadas como algo liviano.
Mi pensamiento es que la situación podría tener solución en la medida que ambos aspectos se canalicen, primero, debe haber educación pública y privada, la primera, con alto compromiso del Estado, con su involucramiento al cien por cien, y la segunda con el compromiso financiero total de privados pero con la supervisión del Estado en materia de calidad y exigencias, sobre todo esto último, exigencias, la libertad en ciertas materias tiende a saltarse vallas. El asunto sin embargo no es tan simple, porque existen también otras instituciones que requieren de la ayuda del Estado porque nunca persiguieron fines de lucro, y su quehacer ha sido una construcción de años de personas e instituciones desinteresadas animadas solo por el altruismo, ello sugiere algunos regímenes especiales que la sociedad chilena tiene muy claro y que a mi juicio, se saltan el choque ideológico actual y de allí su importancia.
El financiamiento que me parece más correcto, es el arancel diferenciado y el aumento sustantivo del Estado del porcentual del PIB destinado a educación, ello implicará seguramente hacer reingeniería de planes y programas gubernamentales, y probablemente una reforma impositiva, pero al parecer hay ambiente para ello.
En materia de calidad, es evidente que se requiere rehacer los actuales patrones con los cuales se mide la calidad, y como todo principio de calidad, esta se basa en lo comparativo, ello significa colocar estándares internacionales no cuestionados y alcanzables, pero además, el Estado no se puede desligar del rol fiscalizador en forma directa, debe ejercer un control con una institución fuerte, prestigiosa y reconocida, me recuerda la otrora noble y valiosa Contraloría General de la Republica.
Pero la calidad no solo es materia de las instituciones, sus plantas docentes, planes y programas y equipamientos, también la calidad debe venir de los alumnos. El actual sistema permite que un esfuerzo personal e intelectual disminuido, pueda ser compensado con la actual sobreoferta de cupos, pero además con el esfuerzo económico y eso no puede ser, en tal sentido, la universidad debe ser para los mejores, para ello se deben realizar todos los esfuerzos necesario para hacer que haya una igualdad de oportunidades, esto implica que un estudiante capaz de un liceo técnico profesional , puede tener las mismas oportunidades de entrar a la educación superior que otro de sistema humanista enteramente privado. Me molesta de sobremanera la actual segregación de estudiantes de liceo humanistas y de liceos de educación técnico profesional, parece que unos ya tienen determinado su futuro cuando deciden a los 14 años.
No parece conveniente que el actual sistema se siga incrementando en forma inorgánica, sin una dirección y supervisión del Estado, de los mismos actores hoy involucrados y de la sociedad en general, se ha demostrado en casos tristes como la carrera de perito criminalístico, la ligereza para levantar una oferta académica, que al final del día solo perjudica a los jóvenes interesados creando expectativas y futuros que nunca serán. Las actuales universidades deberían entrar en un statu quo en la que deberían sostenerse solo por cumplir estándares de calidad, porque si ocurre como hoy, que se sostienen por demanda, el sistema completo sufre la destrucción de su credibilidad. No vale la pena crear más universidades, y en cuanto a las futuras carreras, por lo dinámico que resulta hoy el conocimiento, siempre hay que estar abierto a la creación de nuevas ofertas, pero ello debería ser producto de grandes consensos apoyado por estudios serios, y demandas reales de la nación, de otra forma se estarían haciendo profesionales para la emigración, o para la desesperación y la depresión.
Por otra parte, parece injusto satanizar a los deudores, el sistema debería tener también algunas posibilidades de renegociar en todo tiempo, todas las instituciones crediticias, aun el retail ofrece ventanilla abierta para la renegociación, ofreciendo créditos nuevos, blandos o aumentando los plazos, sin embargo la renegociación con el Estado es manejada por leyes extraordinariamente duras que se son contrarias a las dinámicas económicas actuales, y que momifican el sistema durante periodos mayores a los 10 años, principalmente porque no otorga a las instituciones herramientas de gestión para la negociación, se limitan a entregar las cadenas y el látigo.
He escuchado economistas bastante inteligentes que se niegan a que una parte de la población que no va a la universidad pague la educación de otra, que será beneficiada con el acceso a esa educación. Independiente de cualquiera postura ideológica, mi postura sobre el aporte estatal en educación es que los recursos que coloca el Estado en este contexto no son un gasto, no es un gasto social, es un error, es una inversión que recupera en el mediano plazo, por cuanto cada profesional termina siendo un agente que retorna con creces a través de sus impuestos los recursos invertidos, pero además, se resta de la subsidiaridad del Estado en áreas bastante sobrecargadas como la salud y la vivienda.
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